A medio siglo del golpe militar que derrocó a Isabel Perón en 1976, Argentina continúa lidiando con las secuelas de la dictadura y la búsqueda de justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Durante el régimen, unas 30.000 personas desaparecieron, muchas de ellas sindicalistas, estudiantes y opositores políticos, en el marco de una campaña sistemática de represión conocida como la "Guerra Sucia".

El rol de empresas multinacionales, como Mercedes-Benz, ha sido objeto de controversia. Familiares de trabajadores desaparecidos en la planta de Buenos Aires entre 1976 y 1977 acusan a la compañía de colaborar con las fuerzas militares, proporcionando información sobre activistas sindicales. Mercedes-Benz, por su parte, niega las acusaciones y sostiene que investigaciones independientes no hallaron pruebas que respalden su complicidad. "La comisión de investigación independiente no encontró ninguna prueba que respaldara la afirmación de que los empleados de la entonces Mercedes-Benz Argentina que desaparecieron durante la dictadura militar de 1976-77 fueron secuestrados y asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado a instancias de la empresa", afirmó la compañía en un comunicado.

El proceso judicial para esclarecer la responsabilidad de actores civiles y empresariales avanza lentamente, obstaculizado por leyes de amnistía e indultos decretados tras el retorno de la democracia. Gabriel Pereira, investigador del CONICET, señala que "los casos se prolongan durante décadas sin resolverse" y denuncia la reticencia de algunos jueces a investigar la complicidad civil.

El 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, millones de argentinos marchan para recordar a las víctimas y exigir justicia. Sin embargo, el actual presidente Javier Milei ha generado controversia al relativizar la cifra de desaparecidos y recortar fondos a organizaciones de derechos humanos, lo que ha sido interpretado por opositores como un intento de reinstalar la teoría de los "dos demonios".

El debate sobre la memoria, la verdad y la justicia sigue vigente en la sociedad argentina, mientras familiares y activistas insisten en que la historia no debe caer en el olvido y que la rendición de cuentas es fundamental para la democracia.