El Gobierno argentino ha introducido cambios significativos en la Ley Nacional de Tránsito, generando tanto expectativas como confusión entre los ciudadanos. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la digitalización de la Licencia Nacional de Conducir, que ahora no tiene vencimiento pero requiere actualizaciones psicofísicas periódicas según la edad del titular. Esta medida, publicada en el decreto 196/2025 el pasado 18 de marzo, busca modernizar el sistema y reducir trámites burocráticos.

Sin embargo, las infracciones de tránsito impagas continúan siendo un obstáculo para completar la actualización de la licencia. Según la normativa, las infracciones leves caducan en 2 años y las graves en 5 años, aunque algunas provincias, como Buenos Aires y Santa Fe, han adoptado esquemas similares. En contraste, otras provincias como Entre Ríos y Jujuy mantienen las infracciones vigentes por 5 años, independientemente de su gravedad.

Desde 2024, no es obligatorio pagar multas para transferir vehículos usados, pero las deudas permanecen asociadas al infractor original. Esto ha generado incertidumbre entre los usuarios, especialmente en lo que respecta a la renovación de licencias. "Al renovarse el estado psicofísico, lo que se está haciendo es una renovación del estado de la licencia habilitante, ya que se están modificando/actualizando los datos registrados de cada conductor. En esa instancia, si hubiera infracciones de tránsito impagas, el trámite no podrá completarse del mismo modo que ocurría anteriormente con las licencias físicas. El único cambio es el hecho de ser digitales", explicaron desde el Gobierno.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) actualizó el pasado 23 de abril la lista de infracciones graves, subrayando la importancia de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito. No obstante, expertos como Fabián Pons, titular del Observatorio Vial Latinoamericano, han señalado que las jurisdicciones provinciales y municipales tienen la potestad de implementar políticas propias, lo que podría generar disparidades en la aplicación de las nuevas disposiciones.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la justicia revocó una decisión administrativa que igualaba las infracciones leves con las graves, restableciendo los plazos de caducidad diferenciados. Esta medida ha sido replicada en provincias como Santa Cruz y Tucumán, mientras que otras mantienen criterios distintos.

Las reacciones han sido diversas. Mientras algunos ciudadanos valoran la modernización del sistema, otros expresan confusión sobre los nuevos requisitos y plazos. La ANSV, por su parte, defiende las modificaciones como un paso hacia una mayor seguridad vial y un sistema más eficiente. A medida que las provincias deciden si adhieren o no a las nuevas disposiciones, el impacto de estas reformas seguirá siendo un tema de debate en los próximos meses.