La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha sido víctima de una estafa millonaria que resultó en la pérdida de $1.591 millones. El fraude, que involucró a las facultades de Derecho y Odontología, se llevó a cabo mediante transferencias bancarias fraudulentas desde cuentas del Banco Nación. Según las investigaciones, los responsables utilizaron correos electrónicos y documentos falsificados para simular ser personal de Tesorería de la UBA y autorizar las transferencias.

El modus operandi incluyó la creación de un dominio de correo electrónico falso, tesoreria@ubatic.net.ar, desde el cual se enviaron las órdenes de transferencia. Estas órdenes se materializaron inicialmente por correo electrónico y luego en formato papel, con firmas falsificadas de empleados reales de la universidad. En total, se realizaron 13 transferencias por un monto de $1.591 millones, y se intentaron otras tres transferencias por $341 millones, que no llegaron a concretarse.

La maniobra fraudulenta se llevó a cabo en septiembre de 2024 y fue detectada tras investigaciones internas iniciadas tanto por la UBA como por el Banco Nación. Hasta el momento, hay 17 personas detenidas y 4 imputadas en la causa, que está a cargo del juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano. Entre los detenidos se encuentran personas que habrían recibido los fondos transferidos, incluyendo representantes de las empresas Elysium SA y Ekzplodo SA.

El caso ha generado cuestionamientos sobre la seguridad de las operaciones bancarias en Argentina. La UBA ha señalado la falta de validación física por parte del Banco Nación como un factor clave que facilitó el fraude. Expertos en seguridad informática han destacado la necesidad de implementar protocolos más estrictos para prevenir este tipo de delitos.

Además, el caso podría tener implicaciones más amplias, ya que se sospecha que otras entidades públicas podrían haber sido víctimas de estafas similares. Mientras tanto, la UBA ha solicitado el embargo de los fondos perdidos, aunque aún no se ha concretado esta medida.

La investigación sigue en curso, y se espera que en las próximas semanas se tomen nuevas medidas judiciales. Este caso pone de relieve la importancia de fortalecer los sistemas de seguridad en las transacciones electrónicas y podría sentar precedentes en la regulación de este tipo de operaciones en el país.