El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, ha emitido un dictamen que podría cambiar el curso de la causa Vialidad, en la que se investiga a la ex presidenta Cristina Kirchner por presuntas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz. Casal solicitó a la Corte Suprema de Justicia que agrave la condena de la exmandataria de 6 a 12 años de prisión, argumentando que los hechos constituyen no solo administración fraudulenta, sino también asociación ilícita.

El dictamen de Casal, de 13 páginas, respalda la postura del fiscal de Casación Mario Villar, quien ya había solicitado esta pena más severa. Según el Procurador, las irregularidades en 51 contratos de obra pública, que abarcaron tres administraciones presidenciales entre 2003 y 2015, configuran una estructura delictiva organizada y sostenida en el tiempo. "No se trata de una serie de licitaciones aisladas, sino de una asociación delictiva estable y continua que explotó el aparato estatal para su beneficio", afirmó Casal.

Además, el dictamen cuestiona las absoluciones de otros implicados, como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y solicita un mayor decomiso de bienes, calculado en más de 5.300 millones de pesos. Casal también criticó la valoración de pruebas por parte de la Cámara de Casación Penal, calificándola de "arbitraria" y señalando que omitió responder argumentos clave de la Fiscalía.

La decisión final ahora recae en la Corte Suprema, que deberá determinar si confirma la condena actual, la agrava o acepta los recursos de queja presentados por la defensa de Cristina Kirchner. De confirmarse la condena, la ex presidenta enfrentaría no solo la prisión, sino también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, un factor que podría tener un impacto significativo en el panorama político, especialmente en un año electoral.

Por su parte, la defensa de Cristina Kirchner ha reiterado su inocencia y ha denunciado arbitrariedades en el proceso judicial. "Este es un caso de persecución política disfrazado de causa judicial", afirmó su abogado, Carlos Beraldi. Mientras tanto, analistas políticos y judiciales coinciden en que el dictamen de Casal envía un mensaje político contundente en un contexto de alta polarización.

La causa Vialidad sigue siendo un tema de gran relevancia en la agenda política y judicial de Argentina, y la decisión de la Corte Suprema será determinante no solo para los implicados, sino también para el futuro político del país.