El Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, implementó una reforma integral de la Policía Federal Argentina (PFA) a través del Decreto 383/2025. La medida, presentada como una modernización de la fuerza bajo estándares internacionales, permite a la PFA realizar requisas y detenciones sin orden judicial, así como tareas de ciberpatrullaje en redes sociales y acceso a bases de datos públicas y privadas.

La reforma fue anunciada oficialmente el 18 de junio y publicada en el Boletín Oficial al día siguiente. Según el Gobierno, el objetivo es transformar a la PFA en una fuerza de élite orientada a la investigación de delitos federales complejos, como el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, siguiendo modelos como el FBI estadounidense. "La Argentina necesita una fuerza moderna, especializada, con capacidad real para desarticular organizaciones criminales", afirmó Bullrich durante la presentación.

Sin embargo, la decisión de implementar estos cambios por decreto y sin debate parlamentario generó una fuerte reacción de la oposición y de organismos de derechos humanos. Diputados de distintos bloques presentaron proyectos para anular la reforma, argumentando que el decreto excede las facultades delegadas por la Ley Bases y vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional. "El Poder Ejecutivo está utilizando a la Ley Bases como ventana de oportunidad forzada", señalaron legisladores opositores, quienes también advirtieron sobre el riesgo de detenciones arbitrarias y vigilancia masiva.

Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional manifestaron su preocupación por la posibilidad de criminalización de la protesta social y el monitoreo de opositores. El CELS, en particular, anunció la presentación de una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Gobierno, por su parte, defendió la legalidad y necesidad de la reforma. El vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que "no infringimos ninguna ley" y que cualquier objeción debe ser resuelta por la Justicia. Mientras tanto, la implementación de la nueva estructura de la PFA avanza, en medio de un clima de fuerte polarización política y social. El debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos civiles vuelve así al centro de la agenda pública argentina, con implicancias que podrían extenderse a nivel internacional.