La Escuela Barrio Ejército de Los Andes, ubicada en Rawson, San Juan, fue escenario de tres amenazas de bomba consecutivas durante la semana, lo que obligó a evacuar el establecimiento en cada ocasión y movilizó a las fuerzas de seguridad y judiciales. Las evacuaciones preventivas se realizaron el miércoles, jueves y viernes, afectando a alumnos, docentes y personal no docente, mientras Bomberos inspeccionaban el lugar para descartar riesgos.

Tras una investigación conjunta de la UFI Genérica y el Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, la Justicia detuvo a dos sospechosos: Axel Muñoz, de 20 años, quien ya contaba con una condena condicional por abuso sexual, lesiones leves, exhibiciones obscenas y desobediencia a una orden judicial, y un menor de 17 años. En los allanamientos realizados, se secuestraron entre 10 y 12 teléfonos celulares, y las autoridades no descartan que surjan más responsables tras el análisis de las comunicaciones.

La Fiscalía de Estado de San Juan anunció que iniciará demandas civiles por daños y perjuicios contra los responsables de las amenazas, con un monto mínimo de $4 millones por cada episodio, cifra destinada a cubrir los costos de los operativos de seguridad. En caso de que los responsables sean menores de edad, la responsabilidad recaerá sobre sus padres o tutores. "Las consecuencias legales, económicas y sociales serán severas", advirtió la Fiscalía, que también se constituirá como querellante en los procesos penales contra mayores de edad.

El Ministerio de Educación, por su parte, pondrá en marcha una campaña de concientización en todas las escuelas de la provincia, dirigida especialmente a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria y a todos los niveles de secundaria, con el objetivo de sensibilizar sobre el impacto negativo de las amenazas y las consecuencias legales de realizar llamadas falsas.

Este tipo de episodios se ha convertido en una problemática recurrente en San Juan, donde se contabilizan al menos 16 amenazas de bomba en lo que va del año, concentradas principalmente en épocas de exámenes y protagonizadas en su mayoría por menores de edad. Las autoridades buscan frenar esta tendencia mediante sanciones judiciales y acciones preventivas, mientras la comunidad educativa expresa preocupación por la seguridad y la continuidad de las actividades escolares.