La influencer y cantante Valentina Olguín enfrenta un complejo panorama judicial tras ser acusada de utilizar los datos fiscales de cinco gobernadores argentinos para realizar compras en el extranjero. El caso, que comenzó en noviembre de 2024 con una denuncia del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ha derivado en múltiples procesos judiciales en distintas provincias.

Según las investigaciones, Olguín habría utilizado los CUIT de Jaldo, Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan) y Sergio Ziliotto (La Pampa) para realizar compras por un monto total de $1.360.000. La justicia federal de Tucumán procesó a la acusada por contrabando simulado y le impuso un embargo de $5 millones. Durante un allanamiento en su domicilio, se incautaron ropa, dispositivos electrónicos y dinero.

En su declaración, Olguín admitió haber realizado las compras, argumentando que había agotado su cupo personal y el de sus allegados. Sin embargo, la defensa enfrenta dificultades legales, ya que el código aduanero no permite la aplicación de probation en este tipo de delitos. La pena por contrabando simulado varía entre 2 y 8 años de prisión, y Olguín podría enfrentar condenas acumulativas en las distintas jurisdicciones.

El caso ha puesto en evidencia fallas en la protección de datos personales y en los controles aduaneros. Además, plantea interrogantes sobre la acumulación de penas y la aplicación de medidas alternativas en delitos de esta naturaleza. Los gobernadores afectados han presentado denuncias y colaboran con las investigaciones, mientras que la defensa de Olguín busca unificar las causas para negociar una pena condicional.

El proceso judicial sigue en desarrollo, con investigaciones activas en Buenos Aires, Entre Ríos, San Juan y La Pampa. Este caso podría sentar precedentes en la aplicación de penas acumulativas y en la protección de datos fiscales en Argentina.