El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y la transferencia de sus funciones a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). La medida, establecida por el Decreto 538/2025, fue publicada el 5 de agosto y forma parte de una serie de reformas orientadas a modernizar y simplificar el sistema de control alimentario en Argentina.

La CONAL, creada en 1999, cumplía un rol técnico y colegiado en la actualización del Código Alimentario Argentino (CAA), articulando la participación de representantes nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de sectores científicos e industriales. Con la nueva normativa, la gestión y fiscalización del CAA quedarán centralizadas en la ANMAT y el SENASA, organismos que, según el Gobierno, cuentan con la capacidad técnica necesaria para asumir estas tareas de manera directa y eficiente.

El decreto deroga varios artículos de la normativa anterior, eliminando estructuras consideradas obsoletas, como las cabinas sanitarias únicas y campañas preventivas que estaban a cargo de la CONAL. Ahora, cada organismo asumirá la responsabilidad de prevención y control según su competencia. Además, se establece que las autoridades podrán convocar expertos para asesoramiento técnico, quienes tendrán un plazo de 15 días hábiles para presentar sus informes.

El Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de agilizar procesos, eliminar instancias intermedias y modernizar el Estado. "La disolución de la Comisión Nacional de Alimentos no implica un menoscabo en la protección de la salud de la población ni en la calidad y sanidad de los alimentos, sino que busca optimizar los procesos de toma de decisión, concentrando las responsabilidades en los entes que detentan el poder de fiscalización y control", señalaron fuentes oficiales.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida, asegurando que "agilizará los trámites, facilitando la operatoria de la industria". Sin embargo, algunos sectores advierten que la centralización podría afectar la pluralidad y el consenso federal en la toma de decisiones sobre seguridad alimentaria.

La reforma se inscribe en el proceso de revisión integral de organismos públicos, con el objetivo de alcanzar una gestión más austera y orientada a resultados. Si bien el Gobierno sostiene que la protección de la salud pública no se verá afectada, la nueva arquitectura institucional plantea desafíos en términos de transparencia y participación de los distintos actores involucrados en el sistema alimentario nacional.