Corina Belén Fadel, una mujer tucumana de 32 años, fue detenida en la ciudad boliviana de Bermejo tras ser acusada de participar en el robo de cinco millones de pesos argentinos en comercios de la zona fronteriza con Aguas Blancas, Salta. El episodio, que ocurrió el pasado viernes, derivó en una brutal agresión pública: comerciantes locales interceptaron a Fadel, la golpearon, la desnudaron parcialmente y la amenazaron con prenderla fuego, todo ante la mirada de testigos y policías que no intervinieron de inmediato.

La escena fue registrada por celulares y viralizada en redes sociales, generando indignación y debate sobre la justicia por mano propia. Según fuentes policiales y judiciales, Fadel fue identificada como sospechosa de integrar una banda dedicada a robos exprés en la región. Tras el ataque, fue trasladada a la comisaría local y luego al hospital para ser atendida por lesiones leves. La justicia boliviana dictó prisión preventiva por seis meses mientras se investiga su participación en el hecho y la posible existencia de cómplices.

El consulado argentino en Tarija intervino para verificar la nacionalidad de Fadel y garantizar que se respeten sus derechos durante el proceso judicial. "Es nuestra obligación saber cómo está, dónde y se le proveyó defensor público. En principio todo eso está encaminado", explicó Rolando Hugo Pocovi, cónsul interino en Tarija. La familia de la detenida denunció torturas y reclamó garantías para su integridad física, mientras que comerciantes y vecinos justificaron el castigo como respuesta a la inseguridad en la zona.

El caso expuso la tensión social en la frontera y la problemática de bandas delictivas que operan entre Bolivia y Argentina. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Tarija, que tiene un plazo de 72 horas para definir si formaliza la acusación o archiva el caso. Si se concreta un acuerdo entre las partes, el expediente podría cerrarse sin juicio; de lo contrario, Fadel enfrentaría cargos por robo agravado, que en Bolivia puede implicar penas de hasta diez años de prisión.

El consulado argentino mantiene contacto con el abogado defensor y sigue de cerca el proceso, enfatizando la importancia de garantizar el debido proceso y la integridad física de la detenida. El caso continúa generando repercusión y debate sobre la violencia y la justicia en la región fronteriza.