El acceso a la vivienda en Rosario atraviesa una situación crítica, marcada por un fuerte aumento en la cantidad de familias que deben alquilar. Según un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), el porcentaje de hogares inquilinos en la ciudad se triplicó en los últimos 40 años, pasando del 12% en 1980 al 37% en la actualidad.

El informe destaca que, pese a un incremento del 72% en la oferta de viviendas para alquiler respecto al año pasado, los precios continúan en alza. Los monoambientes lideran el aumento, con una suba interanual del 36%, superando la inflación general del 33%. Los departamentos de dos y tres ambientes también registraron incrementos del 29% y 33%, respectivamente. En junio, los valores de los monoambientes subieron un 2,7% respecto a mayo, mientras que los de tres ambientes aumentaron un 4,3%.

Celina Calore, economista del Ceso, explicó que “los ingresos van quedando cada vez más atrás en relación con los aumentos de los alquileres”, y remarcó que el salario mínimo ya no alcanza para alquilar un monoambiente, cuyo precio promedio ronda los $380.000. La situación es similar para los jubilados que perciben el haber mínimo de $473.000, quienes deben destinar casi la totalidad de sus ingresos al pago del alquiler, sin contar expensas y servicios, que pueden encarecer el monto final hasta un 16%.

La derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023 modificó el plazo mínimo de los contratos, que pasó de tres a dos años, generando una mayor rotación de inquilinos. “Cuando llega la actualización, a muchas familias no les queda otra opción más que mudarse”, señaló Calore.

El fenómeno de la “inquilinización” se consolidó en las últimas décadas, impulsado por la pérdida de poder adquisitivo frente al costo de la vivienda. Aunque propietarios e inmobiliarias celebran la mayor oferta, el acceso a una vivienda adecuada sigue siendo un desafío para muchas familias rosarinas. El proceso genera preocupación social y plantea la necesidad de respuestas estructurales para garantizar el derecho a la vivienda.