El femicidio de Agostina Vega ha desencadenado una profunda crisis institucional en Córdoba, luego de que la investigación judicial revelara la existencia de habitaciones ocultas en el bar Wachitas, ubicado en el barrio Nueva Córdoba. El establecimiento, que contaba con habilitación municipal vigente, fue allanado por la policía, que descubrió habitaciones clandestinas amobladas con camas, ocultas tras tabiques de madera en la pista de baile. Este hallazgo llevó a las autoridades a sospechar que el local funcionaba como pantalla para actividades ilícitas, incluyendo la posible explotación sexual y la presencia de menores de edad.

La investigación judicial avanzó con la detención de Soledad Andreani, vinculada al bar y expareja del principal sospechoso, Claudio Barrelier. Andreani fue imputada por encubrimiento agravado, mientras se investiga si su vehículo fue utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima. Además, la presunta dueña legal del bar, Nicole Weiss, de 22 años, figura en los registros oficiales, aunque su perfil económico no se condice con la magnitud del negocio.

El procedimiento administrativo municipal también ha sido objeto de controversia. El 2 de junio, el bar fue habilitado y clausurado en un lapso de apenas dos horas, lo que generó sospechas sobre la transparencia y eficacia de los controles estatales. El local ya acumulaba varias clausuras previas y fue sorprendido quitando las fajas de clausura, según fuentes municipales.

El caso ha trascendido el ámbito judicial y se ha instalado en la agenda política. Legisladores y concejales opositores han presentado pedidos de informes para esclarecer bajo qué rubro fue habilitado el bar, quiénes son los responsables y qué controles se realizaron en los últimos años. Graciela Villata, del Frente Cívico, criticó la falta de acceso a información pública y la tardía reacción municipal: "La Municipalidad clausura cuando ya es tarde".

La presión política y social crece para que tanto la Municipalidad como la Provincia transparenten los procedimientos y refuercen los controles sobre los locales nocturnos. El caso Agostina Vega ha puesto en evidencia las debilidades del sistema de fiscalización y la necesidad de una intervención estatal más efectiva para prevenir delitos graves en la noche cordobesa.