El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Argentina ordenó este martes que la expresidenta Cristina Fernández y otros ocho condenados en la causa Vialidad paguen $685.000 millones (equivalentes a US$537 millones) en un plazo de 10 días hábiles. La decisión, basada en peritajes oficiales, busca resarcir el daño causado al erario público por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

La resolución judicial establece que, de no cumplirse el pago en el plazo estipulado, se procederá al remate de los bienes ya embargados a los condenados. El dinero deberá ser depositado en una cuenta judicial del Banco Nación. Entre los condenados figuran exfuncionarios y empresarios, como Lázaro Báez y José López, todos con prisión efectiva o domiciliaria.

La defensa de Fernández presentó un peritaje alternativo que estimaba el daño en $42.000 millones, pero el tribunal rechazó esa cifra y validó el cálculo de los peritos oficiales. "El monto reclamado responde al daño producido al erario público y constituye un gravísimo hecho de corrupción", señalaron los jueces en su fallo.

El tribunal no especificó cómo se repartirá el monto entre los condenados, pero advirtió que el decomiso se ejecutará bajo apercibimiento de remate de propiedades. Además, instó al Ministerio Público Fiscal a identificar y localizar bienes para garantizar el cobro.

La causa Vialidad es uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la última década en Argentina y se relaciona con otros procesos judiciales, como la causa Cuadernos y la quiebra de Austral Construcciones. La Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal confirmaron recientemente la condena y la prisión domiciliaria de Fernández, quien permanece en su domicilio bajo tobillera electrónica.

El fallo ha generado reacciones encontradas. Mientras la defensa de Fernández sostiene que el monto es excesivo y planea apelar la decisión, el tribunal y los peritos oficiales consideran que el daño al Estado es significativo. El caso sigue generando debate sobre el impacto económico y político de la corrupción en el país, en un contexto de manifestaciones de apoyo a la exmandataria y atención mediática constante.