El Gobierno nacional oficializó este martes la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025, que modifica más de un centenar de artículos del marco regulatorio vigente. La medida, que afecta a millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), habilita por primera vez en casi dos décadas el corte total del suministro de agua potable a usuarios residenciales en caso de mora superior a 60 días, y reduce a 15 días el plazo para usuarios no residenciales.

El nuevo marco regulatorio permite al Estado nacional vender total o parcialmente su participación accionaria en AySA, que hasta ahora era del 90%. El 10% restante permanece en manos de empleados bajo el Programa de Propiedad Participada. Además, la concesionaria podrá utilizar los ingresos de la explotación como garantía financiera y auditar obras dentro del área regulada.

El decreto establece aumentos tarifarios automáticos cada tres meses y revisiones extraordinarias para ajustar precios ante inflación o cambios de costos imprevistos. Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, las tarifas de AySA aumentaron un 331% en 2024, cuadruplicando el valor de las boletas en un año.

El DNU excluye de los cortes a hospitales, sanatorios y cárceles, y prevé un período de transición de hasta cinco años para la implementación progresiva del nuevo régimen. El Plan Director de Mejora Estratégica, a cargo de la Agencia de Planificación (APLA), guiará las inversiones y la expansión del servicio.

La decisión se enmarca en la Ley Bases y en un contexto de crisis económica que limita la capacidad estatal de subsidiar servicios públicos. El gobierno sostiene que la privatización busca atraer inversiones y mejorar la eficiencia operativa. Sin embargo, sindicatos y sectores de la oposición advierten sobre el impacto social, la precarización laboral y el riesgo de exclusión de los sectores más vulnerables. "Sabemos el impacto negativo que han tenido todas las privatizaciones que se han llevado adelante en nuestro país", expresó Leonardo Améndola, dirigente sindical, mientras que el oficialismo argumenta que "resulta pertinente adoptar con celeridad medidas que permitan viabilizar urgentemente las inversiones necesarias".

El debate sobre la privatización de servicios públicos en Argentina sigue abierto, con posturas encontradas sobre sus consecuencias en la calidad, el acceso y el costo de los servicios esenciales.