El Senado argentino aprobó una reforma jubilatoria que eleva la jubilación mínima a $331.000 y el bono previsional mensual a $110.000, en un intento por mejorar los ingresos de los jubilados. Para financiar este incremento, la ley contempla la eliminación de exenciones impositivas a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), entre otras medidas fiscales. Esta decisión generó un inmediato rechazo por parte de las SGR y entidades pymes, que advierten sobre el riesgo que implica para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas.

Según datos del sector, el sistema SGR respalda a más de 100.000 pymes, genera 500.000 empleos y facilita exportaciones por USD 1.500 millones anuales. Las cámaras empresarias sostienen que la quita de exenciones podría desincentivar la inversión de capital de riesgo, afectando la capacidad de las pymes para acceder a créditos bancarios. "El sistema genera una fuerte externalidad positiva en términos de recaudación: las pymes financiadas tributan IVA, Ganancias, aportes y contribuciones, lo que más que compensa lo que el Estado deja de recaudar", explicó Ignacio Pérez Riba, secretario de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía.

El oficialismo, por su parte, cuestionó la suficiencia de los fondos recaudados a través de estas medidas. Un informe de la consultora Empiria estima que las fuentes de financiamiento propuestas cubrirían apenas el 10% del costo fiscal de la reforma, que rondaría el 1% del PBI. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, calificó la ley como "irresponsable" y advirtió que no cuenta con el fondeo necesario.

El debate sobre la reforma jubilatoria y su financiamiento se da en un contexto de ajuste fiscal y presión por cumplir metas con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, el sector pyme y las SGR preparan acciones para revertir la medida en el Congreso, anticipando un posible veto presidencial y una nueva discusión parlamentaria en el corto plazo.