La relación entre el presidente Javier Milei y los gobernadores provinciales atraviesa su momento más tenso desde el inicio de la gestión libertaria. En una serie de declaraciones públicas, Milei acusó a los mandatarios provinciales de intentar “destruir al Gobierno Nacional” y de actuar únicamente por intereses de poder, sin distinción de color político. “Quieren romper el país”, sentenció el presidente en una entrevista radial, anticipando que vetará o judicializará cualquier ley que, a su entender, ponga en riesgo el equilibrio fiscal.

El conflicto se agudizó en la antesala de una sesión clave en el Senado, donde se debatirán proyectos para aumentar las jubilaciones, declarar la emergencia en discapacidad y redistribuir fondos federales a las provincias. Estas iniciativas, impulsadas por los 24 gobernadores y con media sanción de Diputados, cuentan con amplio respaldo opositor y podrían significar una dura derrota política para el oficialismo.

Milei, que suspendió su viaje a Tucumán por el Día de la Independencia en medio de rumores de boicot de los gobernadores, minimizó el posible impacto de las leyes en debate. “Si me rechazan el veto, lo voy a judicializar. No va a tener efecto en el gasto público ni en la cantidad de dinero”, afirmó, y agregó que cualquier efecto será “transitorio” y revertido tras las elecciones legislativas de octubre.

Desde las provincias, la respuesta fue inmediata. Gobernadores de distintos signos políticos, incluso algunos aliados al Ejecutivo, criticaron la retención de fondos y la falta de diálogo. Argumentan que la Nación retiene recursos que les corresponden y que la presión fiscal provincial ha disminuido en 2024, en contraste con la nacional. “Les votamos todo y nos meten en la misma bolsa que los kirchneristas”, se quejó un gobernador.

El oficialismo, por su parte, apuesta a la judicialización y al veto presidencial como herramientas para frenar las iniciativas opositoras. Analistas advierten que la escalada de tensión entre Nación y provincias podría tener consecuencias institucionales y económicas, especialmente en un año electoral donde la oposición logró una inédita unidad en el Congreso.

El desenlace de la sesión en el Senado marcará un nuevo capítulo en la disputa por los recursos y el poder político en la Argentina, en un contexto de creciente polarización y desafíos económicos.