El Gobierno nacional anunció la derogación de la reforma a la Ley de Manejo del Fuego, sancionada en 2020, y la flexibilización de la compra de tierras rurales por parte de extranjeros privados. La medida, comunicada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni durante la presentación del informe final del Consejo de Mayo, forma parte de un paquete legislativo que incluye la agilización de desalojos y la modificación de regulaciones sobre la propiedad privada.

La reforma a la Ley de Manejo del Fuego, impulsada originalmente por Máximo Kirchner, prohibía modificar el destino de las tierras afectadas por incendios durante un período de 30 a 60 años, con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria y proteger los ecosistemas. Sin embargo, el Gobierno actual considera que estas restricciones afectan la recuperación económica de los productores rurales y dificultan la reactivación productiva de los campos incendiados. "Se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio, una ley que atenta directamente contra la producción", afirmó Adorni.

El Consejo de Mayo, integrado por representantes de la CGT, la UIA y funcionarios nacionales y provinciales, recomendó además modificar la Ley de Tierras para liberar la compra de tierras rurales por extranjeros privados, manteniendo restricciones para entes estatales extranjeros. Según el Consejo, la normativa vigente representa un obstáculo para la inversión extranjera y la integración comercial plena de Argentina.

Las reformas también incluyen cambios en el Código Procesal Civil y Comercial para agilizar los procedimientos de desalojo y regular la indemnización en casos de expropiación. El paquete legislativo ha generado reacciones encontradas: mientras que sectores rurales y productivos celebran la medida, ambientalistas y opositores advierten sobre los riesgos de especulación y la pérdida de protección ambiental.

La derogación de la reforma a la Ley de Manejo del Fuego y la flexibilización de la compra de tierras se inscriben en una agenda más amplia de liberalización económica y desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei. El debate entre la promoción de la inversión y la protección ambiental promete continuar en el Congreso y en la sociedad argentina.