El proyecto de Presupuesto 2026 avanza hacia su aprobación definitiva en el Senado argentino, tras obtener la media sanción en la Cámara de Diputados. El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, ha desplegado una estrategia de negociación con gobernadores y bloques aliados para asegurar los votos necesarios, aunque enfrenta resistencia de sectores opositores y reclamos por recortes en áreas sensibles.

Uno de los puntos más controvertidos fue el rechazo del Capítulo XI, que proponía eliminar fondos especiales para universidades públicas y servicios de discapacidad. Esta decisión generó tensiones entre el presidente Javier Milei y el Congreso, especialmente luego de que Milei amenazara con vetar el presupuesto si no se garantizaba el superávit fiscal. Sin embargo, el mandatario finalmente descartó el veto y aseguró que "acomodará las partidas" para cumplir con el déficit cero, una política central de su administración.

La facultad de reasignar partidas presupuestarias, atribuida al jefe de Gabinete, ha sido objeto de debate jurídico. Expertos señalan que, aunque la Ley de Administración Financiera permite ciertas reestructuraciones, existen límites cuantitativos y legales que impiden desfinanciar áreas protegidas por leyes especiales, como la educación técnica y la atención a la discapacidad. "No son superpoderes en sentido estricto, pero sí atribuciones importantes", explicó Gustavo Arballo, profesor de Derecho.

El bloque Justicialista y otros sectores opositores han manifestado preocupación por el fuerte recorte al Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional, que según estimaciones sufriría una reducción del 93% en términos reales respecto a 2023. Además, advierten sobre la falta de transparencia en la reasignación de fondos y el posible impacto negativo en servicios esenciales.

A pesar de las controversias, el mercado financiero reaccionó positivamente a la media sanción del presupuesto, interpretando el avance como un paso hacia la previsibilidad y la estabilidad económica. El oficialismo busca cerrar el año sin sobresaltos, mientras la oposición insiste en la necesidad de proteger áreas clave y garantizar el control parlamentario sobre el gasto público.

El desenlace en el Senado será determinante para el rumbo fiscal y político del país en 2026, en un contexto de tensiones institucionales y desafíos económicos.