Una boda de alto perfil celebrada en la reserva natural Quebrada de las Conchas, en Cafayate, Salta, ha generado una fuerte polémica y una investigación judicial por presuntas irregularidades en la autorización del evento y posibles daños ambientales. El casamiento, realizado el lunes pasado, reunió a más de 200 invitados, entre ellos influencers y figuras del ámbito judicial, en un entorno natural protegido por la ley provincial.

Según informaron fuentes oficiales, los organizadores presentaron a los guardaparques un permiso que el gobierno salteño calificó de falso, con una firma apócrifa del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable. "El documento que le dieron a los guardaparques no tiene nada que ver con las resoluciones que emitimos en la secretaría cuando aprobamos eventos", afirmó Normando Zuñiga, subsecretario de Política Ambiental de Salta. Ante esta situación, el gobierno provincial radicó una denuncia penal por falsificación de documentación pública, actualmente en manos de la Fiscalía Penal de Cafayate.

El evento, que incluyó música electrónica, luces y una ambientación de lujo, fue criticado por su impacto ambiental. "Los impactos más grandes de la fiesta fueron el volumen y las luces. Toda la fauna del lugar no está acostumbrada a eso. Ahí hay vizcachas, zorritos, roedores, aves", detalló Zuñiga. La Secretaría de Ambiente avanza en la aplicación de una multa que podría alcanzar el valor de 200.000 litros de nafta, dependiendo del nivel de daño constatado.

Por su parte, Lucía Grajales Soriano, una de las organizadoras, defendió la legalidad del evento y aseguró que se respetaron todas las leyes, argumentando que la propiedad es privada aunque dentro de la reserva. Sin embargo, las autoridades aclararon que, aun en fincas privadas dentro de áreas protegidas, se requieren permisos provinciales para realizar actividades de este tipo.

La Quebrada de las Conchas, protegida por la Ley Provincial 6806, ha sido escenario de un debate sobre el uso de espacios naturales y la responsabilidad ambiental de eventos privados. Mientras la investigación judicial sigue su curso, el caso ha generado un intenso debate público y mediático sobre la preservación ambiental y el cumplimiento de la normativa en áreas protegidas.