El Gobierno nacional anunció la habilitación de un régimen simplificado para la importación particular de vehículos, tanto nuevos como usados, desde el exterior. La medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, permitirá a los argentinos adquirir autos, camiones y maquinaria sin la intermediación de concesionarios o terminales automotrices, siempre que se trate de modelos no producidos en el Mercosur.

Según explicó Sturzenegger, el nuevo esquema parte del principio de que si un vehículo circula legalmente en Estados Unidos o Europa, también debería poder hacerlo en Argentina. El trámite se simplificará, reemplazando la tradicional Licencia de Configuración de Modelo (LCM) por un Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), que validará automáticamente los modelos que cumplan con normas internacionales aceptadas por el país. Sin embargo, la implementación efectiva de la medida aún depende de la publicación de la reglamentación técnica, que se espera en las próximas semanas.

El anuncio generó expectativas entre los consumidores, especialmente por la diferencia de precios con países vecinos. Por ejemplo, un Toyota Corolla Cross usado se vende en Chile a unos 21.200 dólares, mientras que en Argentina el mismo modelo cuesta alrededor de 35.000 dólares. En el caso de vehículos eléctricos importados, como el Tesla Model Y, el costo total de traerlo desde Estados Unidos podría superar los 109.000 dólares, una cifra que incluye impuestos, aranceles y gastos logísticos.

No obstante, expertos advierten que los beneficios podrían verse limitados por los costos aduaneros, la necesidad de cumplir con normativas técnicas locales como la Euro 5, y la disponibilidad de repuestos y servicios. Además, el sector de concesionarias expresó su preocupación por el posible impacto negativo en el empleo y en el negocio local, mientras que los consumidores celebran la posibilidad de acceder a vehículos de mayor calidad y menor precio.

La medida se inscribe en una estrategia más amplia de desregulación y apertura comercial impulsada por el gobierno libertario, que busca reducir costos y favorecer la competencia en el mercado automotor. El resultado final dependerá de la reglamentación y de cómo se resuelvan los aspectos técnicos y fiscales que aún están pendientes.