El Gobierno nacional avanzó en la disolución definitiva del Fondo Fiduciario Pro.Cre.Ar, el histórico programa de créditos para la vivienda lanzado en 2012. La medida, oficializada mediante la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024, responde a la intención de reducir el gasto público, transparentar la gestión estatal y transferir la responsabilidad de la financiación de viviendas a los bancos comerciales, tanto públicos como privados.

Según los considerandos oficiales, la decisión se apoya en auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que detectaron demoras en la entrega de viviendas, sobrecostos, falta de condiciones de habitabilidad y dificultades para el control y fiscalización de los recursos. El Gobierno sostiene que la operatoria bancaria debe ser la vía natural para el financiamiento habitacional, sin intervención estatal directa.

A partir de la disolución, la administración de los créditos vigentes quedará en manos del Banco Hipotecario, bajo las mismas condiciones contractuales establecidas en el fideicomiso original de 2012. Los beneficiarios mantendrán sus derechos y obligaciones, sin modificaciones en montos, tasas de interés ni cronogramas de pago. El Ministerio de Economía será responsable de la liquidación del fondo, la administración de bienes y la resolución de causas judiciales vinculadas.

En cuanto a las obras inconclusas, la finalización y adjudicación de viviendas quedará a cargo de provincias, municipios o, eventualmente, del sector privado. El traspaso de proyectos habitacionales ya comenzó en distritos como Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, entre otros. Los inmuebles no afectados a contratos vigentes serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que podrá gestionarlos mediante venta o cesión.

La medida generó críticas de exfuncionarios y sectores sociales, quienes advierten sobre el impacto negativo en el acceso a la vivienda y denuncian un posible "negocio oculto" en el traspaso de la gestión al Banco Hipotecario, administrado por el grupo IRSA. El Gobierno, por su parte, defiende la decisión como parte de una reforma estatal más amplia orientada a la eficiencia y el equilibrio fiscal, dejando el protagonismo en materia habitacional a bancos, empresas y gobiernos subnacionales.

El futuro del acceso al crédito hipotecario dependerá, en adelante, de las condiciones del mercado financiero y de la capacidad de las provincias y municipios para asumir la continuidad de los proyectos. El cierre de Pro.Cre.Ar marca el fin de una política pública que facilitó la vivienda a miles de familias argentinas durante más de una década.