El Senado argentino vivió una jornada marcada por la tensión y la falta de acuerdos internos en el oficialismo, que derivaron en la postergación del tratamiento de un proyecto clave impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa, diseñada por el ministro Federico Sturzenegger, buscaba modificar el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo, la ley de tierras rurales y la normativa sobre manejo del fuego, con el objetivo de flexibilizar la venta de tierras a extranjeros y reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada.

Durante la sesión, el bloque de La Libertad Avanza, presidido por Patricia Bullrich, enfrentó desacuerdos tanto internos como con la oposición. A pesar de que se esperaba avanzar con la media sanción del proyecto, negociaciones de último momento llevaron a que el oficialismo solicitara su devolución a comisión, aplazando su discusión sin una nueva fecha definida. Fuentes del Gobierno reconocieron que la decisión respondió a un acuerdo con la oposición para priorizar el tratamiento de 73 pliegos judiciales, excluyendo el de María Verónica Michelli, cuya nominación generó controversias políticas.

El episodio expuso las dificultades de coordinación dentro del oficialismo y la presión de distintos sectores sobre la política judicial. Mientras tanto, el Observatorio de Tierras y especialistas advirtieron que la reforma propuesta eliminaría las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, lo que podría afectar la soberanía nacional y facilitar la concentración de recursos estratégicos en manos privadas. "Lo que está sucediendo con este proyecto de ley es que directamente se elimina cualquier tipo de regulación", afirmó Pablo Volkind, coordinador del Observatorio.

El Gobierno, por su parte, sostiene que la reforma es necesaria para atraer inversiones extranjeras y promover el desarrollo económico. Sin embargo, críticos señalan que países vecinos mantienen regulaciones similares o más estrictas y alertan sobre el riesgo de perder el control estatal sobre territorios estratégicos. Por ahora, el debate queda suspendido, en un contexto de creciente tensión política y con la agenda legislativa condicionada por la inminencia del Mundial de Fútbol.