El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta desde la medianoche del 9 de abril una nueva crisis en el transporte público, tras el anuncio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de una retención de tareas en aquellas empresas que no completaron el pago de los salarios de marzo. La medida, que afecta a decenas de líneas de colectivos, se produce en un contexto de fuerte tensión entre el gremio, las empresas y el Gobierno nacional por el atraso en los subsidios y el aumento sostenido del costo del gasoil.

Según informaron fuentes gremiales y empresariales, la decisión de la UTA responde a la falta de cumplimiento en el pago de haberes, situación que se agravó por la crisis financiera de las compañías de transporte. “Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”, señalaron desde el sindicato, que aclaró que la medida se mantendrá hasta que se regularicen los pagos.

Por su parte, las cámaras empresarias del sector advirtieron sobre una “situación de extrema gravedad financiera” debido al desfase entre el precio real del gasoil, que oscila entre $2.100 y $2.444 por litro, y el valor reconocido oficialmente en la estructura de costos, que se mantiene en $1.750. “El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo”, remarcaron desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

El Gobierno, en tanto, transfirió fondos a las empresas durante la mañana del 8 de abril y convocó a una reunión con las principales cámaras empresarias para intentar destrabar el conflicto y evitar la interrupción total del servicio. El encuentro está previsto para el 9 de abril a las 10:30 en la Secretaría de Transporte, bajo la conducción de Fernando Herrmann.

Mientras tanto, empresas como Dota y Metropol confirmaron que abonaron la totalidad de los salarios y que sus servicios funcionarán con normalidad. Sin embargo, la reducción de frecuencias y la incertidumbre sobre la continuidad del servicio afectan a miles de usuarios, que ya venían experimentando demoras y recortes en los últimos días.

El conflicto pone de manifiesto la necesidad de una actualización urgente de los subsidios y la estructura de costos del sector, en un contexto de caída del 12% en la cantidad de pasajeros en el último año y un esquema tarifario que, según las empresas, quedó “completamente desfasado”. Las próximas horas serán clave para determinar si se logra un acuerdo que permita normalizar el servicio y evitar nuevas medidas de fuerza.