El conflicto por el financiamiento y los salarios en las universidades nacionales argentinas se profundizó en marzo de 2026, a días del inicio del ciclo lectivo. Docentes, no docentes y estudiantes de instituciones como la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) iniciaron una serie de paros y protestas en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial.

El plan de lucha, resuelto por el Congreso de la federación docente CONADU y respaldado por otras federaciones y sindicatos, incluye paros progresivos durante el primer semestre, con una semana de huelga en marzo y nuevas medidas previstas para abril y mayo. Además, se prevé la realización de una marcha federal universitaria y la instalación de carpas de protesta en espacios públicos, con actividades de visibilización y debate.

El reclamo central es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada en varias oportunidades por el Congreso, pero vetada y suspendida por el Poder Ejecutivo. Según los gremios, la ley establece un aumento salarial del 54% para docentes, necesario para recuperar lo perdido desde noviembre de 2023. Sin embargo, el Gobierno propone una modificación que contempla solo un 12% de aumento en cuotas, lo que ha sido rechazado por las organizaciones sindicales.

La situación salarial es calificada como crítica: los docentes universitarios denuncian una pérdida de hasta el 54% de su poder adquisitivo, con salarios que en muchos casos se ubican por debajo de la línea de pobreza. Más de 10.000 docentes habrían abandonado el sistema en los últimos dos años, y la falta de actualización presupuestaria afecta también a los trabajadores no docentes, hospitales universitarios y colegios preuniversitarios.

El Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que, de no aplicarse la ley y convocarse a paritarias, el funcionamiento de las universidades y el inicio de clases en 2026 están en riesgo. Por su parte, estudiantes y agrupaciones universitarias se sumaron a las protestas con cortes de calle, vigilias y asambleas, denunciando el impacto de la crisis en la vida académica y la necesidad de defender la universidad pública.

El conflicto se desarrolla en un contexto de crisis económica, inflación y reformas laborales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, que enfrenta el rechazo de amplios sectores de la comunidad educativa. Si no hay respuestas oficiales, las medidas de fuerza podrían profundizarse en las próximas semanas, comprometiendo el normal desarrollo del ciclo lectivo.