Un trágico episodio de violencia intrafamiliar sacudió a Lomas de Zamora el pasado 6 de agosto, cuando Alejandro Ruffo, de 52 años, fue acusado de asesinar a su hijo de ocho años, Enzo Joaquín Ruffo, y posteriormente intentar suicidarse. El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Díaz Vélez al 100, donde la policía bonaerense encontró al hombre gravemente herido y al niño sin vida sobre la cama matrimonial, tras el llamado desesperado de la madre al 911 al no poder comunicarse con su pareja.

La investigación, a cargo de la fiscal Fabiola Juanatey de la UFI N°2 de Lomas de Zamora, está caratulada como homicidio agravado por el vínculo. Ruffo permanece internado en el Hospital Gandulfo, bajo custodia policial, mientras se le realizan pericias psiquiátricas para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho. Según fuentes judiciales y policiales, el matrimonio atravesaba una crisis profunda y la madre del niño planeaba separarse, lo que podría haber motivado el crimen como un acto de venganza.

Durante la inspección de la vivienda, los investigadores hallaron fotos familiares apuñaladas y una imagen de la madre tachada, elementos que refuerzan la hipótesis de un móvil vinculado a la ruptura de la pareja. Si bien algunos testimonios señalan que Ruffo tenía antecedentes de problemas de salud mental, fuentes judiciales descartan que estuviera bajo tratamiento psiquiátrico, aunque la madre insiste en que existían dificultades previas.

El caso se suma a otros episodios recientes de filicidio y violencia intrafamiliar en Argentina, generando preocupación y debate sobre el abordaje de la salud mental y la prevención de estos hechos. Expertos advierten sobre el riesgo de asociar automáticamente los crímenes con patologías psiquiátricas y subrayan la importancia de mejorar la detección temprana y la coordinación entre los sistemas de salud y justicia.

Vecinos describieron al acusado como una persona reservada y "obsesiva" con la limpieza, y mencionaron episodios de violencia verbal. La comunidad y los especialistas reclaman respuestas institucionales que permitan prevenir tragedias similares y evitar la estigmatización de quienes padecen enfermedades mentales. El desenlace judicial dependerá de los resultados de las pericias, que serán determinantes para establecer la responsabilidad penal o la inimputabilidad del acusado, en un contexto donde la protección de la sociedad y el respeto a los derechos humanos se presentan como desafíos centrales.