El reciente revés sufrido por el presidente Javier Milei en el Senado argentino ha trasladado la tensión política a la Cámara de Diputados, donde se definirán leyes de alto impacto fiscal y social. El Senado aprobó, con mayorías contundentes, proyectos que buscan mejorar los ingresos de los jubilados, fondos para el área de discapacidad y una redistribución de los impuestos a los combustibles, lo que representa un desafío directo al plan económico del Gobierno nacional.

Ante este escenario, el presidente Milei anunció que vetará las leyes sancionadas, una decisión que obliga a la oposición a reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras para rechazar el veto, una meta difícil de alcanzar. El oficialismo, por su parte, apuesta a negociar con un grupo selecto de gobernadores para asegurar los apoyos necesarios en Diputados y así sostener los vetos presidenciales. “Vamos a VETAR. No vamos a abandonar bajo ningún punto de vista el régimen de la libertad”, afirmó Milei en un mensaje público.

La redistribución del impuesto a los combustibles, uno de los proyectos aprobados, implicaría una pérdida fiscal para la Nación de aproximadamente $1,5 billones anuales, beneficiando especialmente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Este cambio en el reparto de fondos ha generado tensiones adicionales entre el Gobierno central y las provincias.

En la Cámara baja, el oficialismo mantiene bloqueada la Comisión de Presupuesto y Hacienda, lo que dificulta el avance de los proyectos. Además, el receso invernal y el calendario electoral complican la convocatoria a sesiones, mientras la oposición busca organizar una “mega sesión” para tratar varios temas de manera conjunta. Sin embargo, la falta de consenso y la necesidad de reunir una mayoría calificada hacen incierto el desenlace.

Algunos gobernadores, como Osvaldo Jaldo de Tucumán, ya han instruido a sus diputados a rechazar el veto presidencial, evidenciando fracturas en los apoyos que el Gobierno daba por seguros. El clima político es de alta tensión y las negociaciones son intensas, con un impacto directo en la gobernabilidad y el equilibrio fiscal del país. El desenlace de esta pulseada legislativa será clave para el futuro inmediato de la administración Milei y la relación entre Nación y provincias.