El ministro de Economía, Luis Caputo, intensificó las gestiones para lograr la aprobación del Presupuesto 2026, una herramienta clave para que el Gobierno argentino pueda refinanciar su deuda externa y evitar un default técnico en enero próximo. El proyecto, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, autoriza al Poder Ejecutivo a emitir deuda en dólares por hasta el 18% del total de endeudamiento previsto, lo que representa un tope de entre 23.000 y 36.000 millones de dólares, según distintas estimaciones.

La urgencia responde a un vencimiento inminente: el 9 de enero de 2026, Argentina debe afrontar pagos por 4.200 millones de dólares en concepto de cupones e intereses de bonos soberanos. Para cubrir este compromiso, el equipo económico explora diversas alternativas, entre ellas la colocación de nuevos bonos, la negociación de préstamos con bancos internacionales y la eventual activación de swaps de monedas con Estados Unidos y China. "Hoy por hoy no es problema el vencimiento del 9 de enero", aseguró Caputo, aunque reconoció que la aprobación del Presupuesto es fundamental para acceder a los mercados internacionales.

El proyecto también flexibiliza las restricciones impuestas por la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública, conocida como Ley Guzmán, que exigía la mejora de al menos dos de tres condiciones (plazo, tasa o monto) en los canjes de deuda. Con la nueva normativa, el Ejecutivo podría negociar canjes más flexibles, extendiendo vencimientos a cambio de tasas más altas, una medida que genera debate entre analistas y legisladores.

La media sanción del Presupuesto fue bien recibida por los mercados, reflejándose en una baja del riesgo país y una suba de los bonos argentinos. Sin embargo, persisten desafíos: Argentina enfrenta vencimientos por unos 17.000 a 18.000 millones de dólares en los próximos dos años, y su acceso a financiamiento externo sigue condicionado a la acumulación de reservas y la reducción del riesgo país.

En el plano político, la aprobación del Presupuesto es vista como una señal de gobernabilidad tras dos años de prórrogas. El debate parlamentario incluyó tensiones por la inclusión de leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, finalmente aceptadas para destrabar la votación. El oficialismo apuesta a que la aprobación definitiva en el Senado refuerce la confianza de inversores y acreedores, y permita al país retomar el camino hacia los mercados internacionales de deuda.