El Gobierno argentino ha implementado un nuevo Régimen de Excepción para la Marina Mercante Nacional mediante el Decreto 340/2025, publicado en el Boletín Oficial. Esta normativa busca flexibilizar y modernizar el sector del transporte marítimo y fluvial, declarado ahora como servicio esencial.

El decreto permite a buques extranjeros operar con matrícula argentina y a armadores nacionales suspender temporalmente la bandera nacional para inscribirse en registros extranjeros más competitivos. Además, flexibiliza la contratación de personal, permitiendo que los contratos se rijan por las leyes laborales del país de origen de los buques. También se amplía de 30 a 60 días el plazo para que buques internacionales realicen cabotaje en aguas argentinas.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que esta reforma es un paso clave para reducir el "costo argentino" y fomentar la competitividad. "Operar un buque de bandera argentina sigue siendo hasta cuatro veces más costoso que en países vecinos", afirmó. Según el funcionario, la normativa busca eliminar sobrecostos y barreras burocráticas que afectan la cadena logística y las economías regionales.

La medida también incluye la simplificación de trámites administrativos, como la inscripción y baja de buques en la matrícula nacional, y la eliminación de restricciones para reparaciones en talleres navales. Asimismo, se establece un mínimo del 75% de actividad operativa en servicios esenciales, incluso en casos de conflictos laborales.

El decreto excluye a embarcaciones pesqueras, turísticas y de pequeño porte, enfocándose en la navegación comercial. Según el Gobierno, estas medidas buscan reactivar el comercio exterior, fomentar la inversión y generar empleo en el sector marítimo.

Sin embargo, la normativa ha generado críticas de gremios y sectores de la industria nacional, que advierten sobre posibles impactos negativos en el empleo y la producción local. Por otro lado, empresarios del sector ven con optimismo la posibilidad de reducir costos y mejorar la competitividad.

El decreto se enmarca en una serie de reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Javier Milei, orientadas a desregular diversos sectores de la economía. Según Sturzenegger, estas medidas son esenciales para reactivar la economía y mejorar la competitividad del país en el comercio internacional.