En Córdoba, los trabajadores judiciales han intensificado sus reclamos salariales, denunciando una pérdida de poder adquisitivo que oscila entre el 40% y el 50% en el último año. Este jueves, las protestas incluyeron la toma del Salón de los Pasos Perdidos en Tribunales I, lideradas por un grupo de empleados autoconvocados que exigen un aumento inmediato del 50% y una equiparación salarial con la Justicia Federal.

El conflicto se enmarca en un contexto de tensiones crecientes entre los empleados, el gremio y las autoridades judiciales. Según el gremio liderado por Federico Cortelletti, los aumentos salariales están vinculados a los definidos por la Corte Suprema, que hasta ahora solo aprobó un incremento del 1,8% en enero. La Provincia había adelantado un 2,6% a cuenta de futuros aumentos, pero los trabajadores consideran estas medidas insuficientes.

La situación se agravó con el anuncio de descuentos por días de paro, una medida inédita en el Poder Judicial provincial. Los autoconvocados, que rechazan la intermediación gremial, lideraron las protestas y criticaron la falta de representación efectiva. "Necesitamos una defensa clara y concreta de nuestros problemas, sin injerencia de la política", declaró Pedro Boaglio, uno de los referentes del movimiento.

Por su parte, Julio Piumato, líder de la Unión de Empleados Judiciales, denunció una pérdida salarial del 34,2% en los últimos 16 meses y criticó la falta de recursos básicos en el sistema judicial. "Hoy no hay tóner en la justicia. No se puede imprimir. El Consejo de la Magistratura no provee insumos básicos", afirmó.

El conflicto también está relacionado con una reestructuración de la planta judicial que entrará en vigencia el próximo mes. Aunque esta medida incluye un aumento del 10% para más de 2.400 empleados, no ha logrado mitigar las tensiones. Los trabajadores exigen una negociación paritaria que permita abordar sus demandas de manera integral.

Desde 2014, los magistrados y funcionarios cordobeses fueron equiparados salarialmente con la Justicia Federal, pero las categorías más bajas quedaron excluidas. Esta situación, combinada con la crisis económica nacional y la inflación, ha exacerbado las tensiones salariales en el sector judicial.

El Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno provincial enfrentan críticas por su manejo del conflicto, mientras que los trabajadores advierten que las protestas podrían escalar si no se alcanzan acuerdos. En este contexto, el funcionamiento de la Justicia provincial podría verse seriamente afectado en las próximas semanas.