La investigación por la muerte de Ángel López, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, ha experimentado un giro significativo en los últimos días. El fiscal Cristian Olazábal, a cargo de la causa, reveló que no descarta la posibilidad de que la madre del menor, Mariela Altamirano, haya tenido un rol activo en las agresiones que derivaron en el fallecimiento del niño.

Según detalló Olazábal, el miércoles pasado se inició la extracción y análisis de datos de los teléfonos celulares de Altamirano y su pareja, Maicol González, ambos detenidos con prisión preventiva por seis meses. "El fin de semana vamos a analizar qué surge de esas comunicaciones, yo creo que puede haber variaciones en el caso", afirmó el fiscal, quien también señaló que la información obtenida podría aportar detalles clave sobre lo ocurrido.

La autopsia practicada a Ángel López fue determinante: el informe reveló más de 20 lesiones internas compatibles con una golpiza, confirmando que la causa de muerte estuvo vinculada a un ataque violento. Aunque no existen denuncias formales previas sobre violencia hacia Ángel, la investigación incorporó testimonios que señalan posibles actos violentos de Altamirano hacia otro de sus hijos.

En un principio, la acusación se centraba en el padrastro como principal responsable de la agresión y en la madre por omisión del deber de cuidado. Sin embargo, el avance de la causa y la aparición de nuevas pruebas han abierto la posibilidad de un cambio de roles en la imputación. "No sería sorpresivo que haya un cambio de roles o que pueda ser de mayor intensidad el hecho que estamos investigando", explicó Olazábal, quien remarcó la complejidad del proceso probatorio ante la ausencia de testigos directos.

En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut intervino el equipo técnico interdisciplinario que recomendó otorgar la tenencia del niño a la madre biológica. Se llevará a cabo una auditoría de 60 días para determinar si hubo irregularidades en ese proceso y se investigan posibles delitos como abuso de autoridad o incumplimiento de deberes de funcionario público.

El caso ha generado conmoción en la sociedad y ha puesto bajo la lupa el accionar de los organismos encargados de la protección de la infancia. Mientras la investigación avanza, la expectativa está puesta en los resultados de las pericias tecnológicas y en las posibles modificaciones en las imputaciones de los acusados.