El policía bonaerense Maximiliano González fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Luciano Olivera, un adolescente de 16 años, en un hecho ocurrido en la ciudad de Miramar en diciembre de 2021. La sentencia fue dictada por el juez Facundo Gómez Urso, quien aplicó la máxima pena prevista por el Código Penal argentino tras el veredicto unánime de un jurado popular en el Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.

El crimen tuvo lugar la madrugada del 10 de diciembre de 2021, cuando Olivera se encontraba con amigos en la plaza central de Miramar. Tras un llamado al 911 por ruidos molestos, un patrullero acudió al lugar y, ante la presencia policial, el adolescente se retiró en su motocicleta. La policía inició una persecución que culminó cuando otro móvil, en el que viajaba González junto a otros efectivos, interceptó al joven. González descendió del vehículo y disparó con su arma reglamentaria, impactando en el pecho de Olivera y causándole la muerte en el acto.

Durante el juicio, la fiscalía y la querella, representada por el abogado Gregorio Dalbón, sostuvieron que el accionar policial constituyó un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, la alevosía y el abuso de funciones. La defensa de González argumentó que el disparo fue accidental, pero el tribunal desestimó esa versión tras las pericias balísticas y el testimonio de testigos.

El caso generó una fuerte conmoción en Miramar y a nivel nacional, reavivando el debate sobre la violencia institucional y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Familiares, amigos y organizaciones sociales realizaron marchas y manifestaciones exigiendo justicia y denunciando hostigamiento policial previo al hecho. "La violencia institucional fue juzgada y la impunidad fue derrotada", declaró el abogado Dalbón tras conocerse la sentencia.

Además de la condena a González, otros policías que participaron del operativo están imputados por encubrimiento y deberán enfrentar procesos judiciales por separado. El fallo es considerado un precedente importante en la lucha contra la violencia institucional en Argentina y pone en foco la necesidad de reformas en los protocolos de actuación policial. El caso de Luciano Olivera continuará siendo un símbolo en la búsqueda de justicia y en el reclamo por el respeto a los derechos humanos.