La Justicia argentina ordenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros condenados en la causa Vialidad devolver al Estado $684.990 millones, según la actualización realizada por peritos de la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Oral Federal 2 estableció un plazo de diez días para que los condenados restituyan el monto, bajo advertencia de que, en caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución y subasta de los bienes embargados.

La cifra representa una actualización de los $84.000 millones exigidos en la sentencia original de diciembre de 2022, ajustada por la inflación acumulada. Entre los bienes sujetos a decomiso se encuentran propiedades, sociedades, vehículos y sumas de dinero en efectivo, que podrían ser rematados o administrados por organismos estatales. El fiscal Diego Luciani remarcó que "el decomiso es fundamental para reparar el daño social provocado por hechos de corrupción de magnitud inédita".

El caso Vialidad involucra 51 licitaciones de obras públicas y sobreprecios durante los gobiernos kirchneristas. Cristina Fernández, condenada a seis años de prisión domiciliaria, ha declarado un patrimonio de 250 millones de pesos y sostiene que es víctima de una persecución política y judicial. La legisladora Graciela Ocaña, por su parte, reclamó la suspensión de las jubilaciones de privilegio para exfuncionarios condenados y vinculó el monto del desfalco a la falta de recursos en infraestructura y servicios públicos.

La causa, que se ha convertido en un símbolo del combate a la corrupción en la obra pública, reaviva el debate sobre la responsabilidad patrimonial de los funcionarios y el destino de los bienes recuperados. El proceso de ejecución de bienes y la discusión sobre el uso de los fondos decomisados continúan generando repercusiones políticas y sociales en el país.