Alexia Abaigar, funcionaria de la Dirección de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres bonaerense, permanece detenida en la Unidad 7 del Complejo Penal de Ezeiza tras ser acusada de participar en un ataque con estiércol a la casa del diputado nacional José Luis Espert. El hecho ocurrió a mediados de junio en San Isidro, cuando un grupo de personas arrojó bolsas con desechos animales y colocó un cartel insultante en la vivienda del legislador.

La detención de Abaigar se produjo tras un operativo policial que incluyó allanamientos simultáneos en su domicilio, el de su madre y el de un exnovio, todos vinculados por la cédula azul del vehículo presuntamente utilizado en el ataque. Según la madre de la funcionaria, Eva Pietravallo, la única prueba presentada por la justicia es la presencia de la patente del auto de Abaigar en las inmediaciones del lugar. "No hay pruebas, no hay imputación, no hay explicación de qué se nos acusa. Lo único que tienen es la patente de un auto", declaró Pietravallo a medios radiales.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la detención y la vinculó públicamente con el Ministerio de Mujeres, generando repercusiones políticas. Por su parte, la defensa de Abaigar sostiene que no ha tenido acceso al expediente y denuncia un trato desmedido, especialmente considerando que la funcionaria padece una enfermedad pulmonar autoinmune. "Nos costó hablar porque llora sin parar, se ahoga y se siente maltratada", afirmó su abogado, Daniel Llermanos.

Organizaciones de derechos humanos y la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, han expresado preocupación por la prolongada detención y la falta de fundamentos jurídicos sólidos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que el caso se inscribe en una tendencia de criminalización selectiva y uso desproporcionado del sistema penal contra opositores políticos.

Mientras tanto, la defensa legal de Abaigar continúa reclamando su excarcelación ante la Cámara Federal de San Martín. El caso ha reavivado el debate sobre el uso del derecho penal en contextos de protesta y la necesidad de garantizar el debido proceso y los derechos de los detenidos, especialmente en situaciones de salud delicada.