El Gobierno nacional oficializó la fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y la transformación del Instituto Nacional del Agua (INA) en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. La medida, establecida por el Decreto 396/2025 y publicada el 19 de junio, forma parte de un proceso de reestructuración estatal que busca reducir el gasto público y centralizar funciones técnicas.

Según los fundamentos oficiales, la decisión permitirá "una mayor eficiencia organizacional y un uso racional de los fondos públicos", centralizando capacidades técnicas y eliminando lo que consideran una estructura estatal sobredimensionada. El Gobierno asegura que las funciones técnicas esenciales de ambos organismos no se verán afectadas y que la reorganización facilitará la coordinación de políticas públicas en materia de infraestructura hídrica y prevención sísmica.

Sin embargo, la medida ha generado alarma entre trabajadores, investigadores y exautoridades de los organismos involucrados. Juan Carlos Bertoni, expresidente del INA, advirtió que la transformación implica una "virtual disolución" del instituto, con riesgo de cierre de oficinas regionales y pérdida de capacidades técnicas acumuladas durante décadas. "En un país donde el 67% del territorio es árido o semiárido, reducir la presencia del INA es una decisión desatinada", afirmó.

Leandro Kazimierski, investigador del INA, señaló que la pérdida de autonomía limita la posibilidad de firmar convenios, contratar personal y mantener proyectos de investigación, lo que podría afectar la prevención de inundaciones y la gestión de recursos hídricos. Por su parte, Rodolfo García, presidente del INPRES, expresó preocupación por la falta de precisiones sobre la instrumentación de la fusión y el impacto en el monitoreo sísmico nacional.

Desde el Gobierno, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la medida argumentando que las competencias del INA pueden ser desarrolladas con igual eficacia desde la administración centralizada. No obstante, la incertidumbre persiste entre los trabajadores, que temen por la continuidad de proyectos clave y la articulación con provincias y organismos internacionales.

La decisión se inscribe en un contexto de ajuste más amplio sobre organismos científicos y tecnológicos, como INTA, INTI y CONICET, que también enfrentan recortes y reestructuraciones. El futuro de la gestión hídrica y sísmica en Argentina queda así sujeto a la evolución de esta reorganización estatal.