El 16 de junio de 1990, el ingeniero Horacio Santos protagonizó uno de los casos más emblemáticos de justicia por mano propia en la historia reciente de Argentina. Mientras acompañaba a su esposa a comprar zapatos en una galería de Villa Devoto, Buenos Aires, Santos advirtió que dos hombres robaban el pasacasete de su Renault Fuego. Tras una persecución de casi 20 cuadras, Santos alcanzó a los ladrones y, en un acto que describió como realizado bajo "emoción violenta", les disparó en la cabeza a ambos, causándoles la muerte.

Los ladrones, Osvaldo Aguirre y Carlos González, no portaban armas y habían sido detenidos por delitos similares meses antes. Santos, que había sufrido múltiples robos previos, declaró que actuó impulsivamente y por temor a su seguridad y la de su familia. El caso generó un fuerte debate social y jurídico sobre los límites de la legítima defensa y la justicia por mano propia.

Inicialmente, Santos fue condenado a 12 años de prisión por homicidio simple reiterado. Sin embargo, tras varios años de proceso judicial, la Cámara del Crimen modificó la calificación a exceso en la legítima defensa y redujo la pena a tres años de prisión en suspenso, permitiendo que Santos no regresara a la cárcel. Peritajes psiquiátricos indicaron que el ingeniero actuó bajo una alteración momentánea de sus facultades.

El caso dividió a la opinión pública: algunos vieron en Santos a un justiciero, mientras que otros lo consideraron un asesino. El entonces presidente Carlos Menem opinó que, aunque jurídicamente no podía avalar la acción, comprendía la reacción emocional ante la inseguridad. Santos, por su parte, nunca volvió a portar armas y expresó arrepentimiento por lo sucedido, afirmando que la carga emocional de los hechos lo marcó profundamente.

El caso Santos sigue siendo un punto de referencia en los debates sobre seguridad ciudadana, legítima defensa y el rol de la justicia frente al delito en Argentina.