Los gobernadores de Salta y Misiones han decidido llevar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), exigiendo el restablecimiento inmediato de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios suspendidos desde marzo de 2025. Esta medida judicial, impulsada por Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua, responde a la preocupación por el impacto que la suspensión de estos pagos tiene sobre miles de personas con discapacidad, consideradas entre los sectores más vulnerables de la sociedad.

Según informaron ambos mandatarios, la presentación judicial incluye el reclamo del pago de retroactivos adeudados, la nulidad de auditorías consideradas irregulares y la adopción de medidas urgentes para garantizar la continuidad de las prestaciones. Sáenz, en declaraciones públicas, relató el caso de Abel Valencia, un vecino de Metán que perdió su pensión y cobertura de salud tras la suspensión, ilustrando la gravedad de la situación. "El equilibrio fiscal es importante, pero no vale todo para sostenerlo. Detrás de cada número hay personas, familias y sueños que no pueden esperar", expresó el gobernador salteño.

Por su parte, Passalacqua subrayó que la suspensión de los pagos constituye una violación a los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional con jerarquía constitucional en Argentina. "El recorte de pensiones afecta a uno de los sectores más vulnerables y genera un impacto inmediato en la vida cotidiana de miles de familias", enfatizó el mandatario misionero.

Las provincias solicitan que, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la ANDIS y el Estado Nacional se abstengan de suspender nuevos beneficios. Además, exigen que las auditorías se realicen de manera transparente y profesional, garantizando el respeto a la dignidad de los beneficiarios. El fiscal de Estado de Salta, Agustín Pérez Alsina, explicó que la cautelar busca una solución rápida, aunque reconoció que los tiempos judiciales pueden demorar la restitución de derechos.

Este conflicto se desarrolla en un contexto de ajuste fiscal y creciente tensión política entre los gobiernos provinciales y la administración de Javier Milei. La respuesta de la Corte Suprema será clave para determinar el futuro de las pensiones y el alcance de los derechos de las personas con discapacidad en Argentina.