El levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987 representó uno de los momentos más tensos en la historia reciente de Argentina. Durante cuatro días, el país estuvo al borde de una crisis institucional debido a la sublevación de un grupo de militares liderados por el entonces coronel Aldo Rico. Este episodio, que comenzó el 15 de abril y culminó el 19 del mismo mes, puso a prueba la fortaleza de la democracia recuperada apenas cuatro años antes.

El conflicto se originó cuando el mayor Ernesto Barreiro, acusado de crímenes de lesa humanidad, se negó a presentarse ante la justicia y se atrincheró en el Regimiento 14 de Infantería Aerotransportada en Córdoba. Este acto desencadenó una serie de sublevaciones en otras unidades militares, siendo la más significativa la toma de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo por parte de Rico y sus seguidores, conocidos como los "carapintadas" por el betún que usaban en sus rostros.

El presidente Raúl Alfonsín, en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, asumió personalmente la conducción de las negociaciones. Mientras tanto, miles de ciudadanos se movilizaron en todo el país en defensa de la democracia, con epicentros en la Plaza de Mayo y en las inmediaciones de Campo de Mayo. La tensión era palpable, y el temor a un enfrentamiento violento estaba latente.

El 19 de abril, Alfonsín viajó a Campo de Mayo para dialogar directamente con los líderes sublevados. Tras intensas negociaciones, logró su rendición sin que se produjeran enfrentamientos armados. Esa misma tarde, el presidente regresó a la Casa Rosada y, desde el balcón, anunció a la multitud congregada: "Compatriotas, ¡Felices Pascuas! La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina". Aunque la frase buscaba transmitir calma, fue criticada por sectores que consideraron que minimizaba la gravedad de la crisis.

El levantamiento dejó profundas huellas en la política argentina. Si bien consolidó el compromiso ciudadano con la democracia, también evidenció las tensiones internas en las Fuerzas Armadas y la fragilidad del gobierno de Alfonsín. En los meses siguientes, se sancionó la Ley de Obediencia Debida, que eximió de responsabilidad a los militares que actuaron bajo órdenes durante la dictadura, lo que generó controversia y descontento en amplios sectores de la sociedad.

En Rosario, el Concejo Municipal jugó un rol destacado al declararse en sesión permanente y convocar a la ciudadanía a movilizarse en defensa del orden constitucional. Este gesto simbólico reflejó el espíritu de resistencia democrática que prevaleció en todo el país.

A 38 años de aquel episodio, el levantamiento carapintada sigue siendo un recordatorio de los desafíos que enfrentó la democracia argentina en sus primeros años y de la importancia de la movilización ciudadana para defenderla.