La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires ordenó la clausura total y preventiva de la planta de la empresa Atanor en San Nicolás, tras confirmar un grave caso de contaminación industrial sobre la vera del río Paraná. La medida se tomó luego de que los resultados de laboratorio confirmaran denuncias de la comunidad local, el Foro Medio Ambiental (FOMEA) y Greenpeace, quienes venían alertando sobre vertidos ilegales de efluentes industriales.

Los análisis oficiales detectaron niveles elevados de herbicidas como glifosato, atrazina y el prohibido clorpirifos, además de compuestos tóxicos como fenoles y metales pesados, incluyendo arsénico, plomo y cromo. Se constató que la empresa vertía estos residuos a través de un ducto autorizado solo para desechos cloacales, violando la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. “Este hecho de contaminación es un ejemplo más de los reiterados que vecinos y organizaciones denunciamos”, afirmó Agostina Rossi Serra, de Greenpeace Argentina.

La clausura fue ordenada tras una inspección realizada el 9 de junio y una audiencia judicial en la que participaron funcionarios de ADA, la jueza Luciana Díaz Bancalari y representantes de la empresa. Atanor, que negó inicialmente la contaminación, anunció la relocalización de su producción, aunque planea mantener un centro logístico de productos peligrosos en el predio clausurado, lo que generó un fuerte rechazo social.

Fabián Maggi, abogado de los vecinos, fue contundente: “La relocalización figuraba en nuestra demanda. Ahora la empresa, acorralada, anuncia su traslado. Sin embargo, antes debe hacerse cargo del enorme pasivo ambiental que generó. No vamos a aceptar que en ese lugar se instale un polo logístico de agrotóxicos, es criminal acopiar esas sustancias junto a un barrio y frente a una escuela”.

La ADA ordenó el cegado del ducto industrial en 24 horas y la presentación de un cronograma para el desmantelamiento de la planta de tratamiento de residuos. Organizaciones ambientales y vecinos exigen que la empresa asuma la remediación del daño ambiental y advierten sobre el impacto en la salud y el ecosistema local. El caso se suma a antecedentes judiciales previos y a una crisis en el sector químico de la región, mientras persisten las demandas de mayor control y sanciones efectivas.