El pasado 29 de octubre se celebró en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York una audiencia decisiva para el futuro del juicio por la expropiación de YPF, en el que Argentina busca revertir una condena de USD 16.100 millones más intereses. El proceso, que se ha extendido por más de una década, enfrenta al Estado argentino con los fondos Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, financiados por Burford Capital, quienes reclaman compensaciones por la expropiación de la petrolera en 2012.

Durante la audiencia, los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson plantearon preguntas incisivas, centrando el debate en la jurisdicción del caso y la aplicación del derecho argentino. "Están tratando de convertir a los tribunales de Estados Unidos en un casino", expresó el abogado Robert Giuffra, representante de Argentina, mientras que el abogado de los demandantes, Mike Fragoso, defendió la solidez del fallo de primera instancia dictado por la jueza Loretta Preska.

La Procuración del Tesoro argentina manifestó optimismo tras la audiencia, señalando que los jueces mostraron escepticismo sobre si el litigio debió resolverse en Nueva York o en Argentina. Este enfoque fue respaldado por analistas y especialistas presentes, quienes destacaron que el tema de la jurisdicción acaparó la mayor parte de la discusión. Sin embargo, los demandantes insisten en que no se presentó información nueva que pudiera cambiar el rumbo del caso y que la sentencia de Preska es firme y bien fundamentada.

El impacto de la audiencia se reflejó en los mercados: las acciones de Burford Capital cayeron hasta un 15% tras los comentarios de los jueces, mientras que las de YPF mostraron una tendencia positiva. Paralelamente, el Gobierno argentino solicitó una prórroga para entregar chats y correos electrónicos de funcionarios, en el marco de una causa que investiga si YPF es un "alter ego" del Estado, lo que podría facilitar el cobro de la sentencia en caso de que quede firme.

El fallo de la Cámara de Apelaciones podría demorar entre seis y nueve meses, y su resultado tendrá profundas implicancias económicas y políticas para Argentina. En caso de revertirse la condena, se abriría la puerta para desestimar otros litigios vinculados al caso YPF. Si se confirma el fallo adverso, aún quedarían instancias de revisión, incluyendo la posibilidad de escalar el expediente hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. El desenlace de este proceso será determinante para la economía argentina y su reputación internacional.