La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrenta nuevas restricciones en su prisión domiciliaria y el decomiso de bienes, tras una decisión del juez Jorge Gorini que ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y la presión mediática en Argentina. El magistrado consideró que CFK violó las condiciones de su detención al recibir a nueve personas en su domicilio el 17 de noviembre, argumentando que la autorización previa no contemplaba reuniones grupales de esa magnitud. La defensa de la ex mandataria sostiene que la sanción carece de fundamentos legales sólidos y que se trata de una interpretación arbitraria de las normas.

Simultáneamente, el tribunal ordenó el decomiso de una serie de bienes pertenecientes a CFK y a sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner. Los abogados defensores apelaron la medida, citando precedentes judiciales que exigen pruebas concretas de la relación entre los bienes y los delitos imputados. "El decomiso debe recaer sobre bienes vinculados directamente al hecho delictivo, lo que no ha sido acreditado en este caso", argumentaron.

La situación ha generado una fuerte reacción en el entorno de CFK, quien denunció en redes sociales una campaña mediática y política en su contra. "No es la foto… es la Economía estúpido", escribió, sugiriendo que el verdadero motivo de la ofensiva es su propuesta de un nuevo modelo económico para el país. El documento presentado por CFK, que permanece en reserva, plantea un enfoque productivo y federal, en contraste con las políticas del gobierno de Javier Milei.

El caso se produce en un contexto de alta tensión política y económica, con la justicia argentina bajo la lupa por su supuesta parcialidad y su relación con el poder político y mediático. La decisión judicial ha polarizado aún más a la opinión pública, con sectores que denuncian persecución y otros que reclaman el avance de las causas judiciales. El desenlace de este proceso podría tener implicancias significativas para el futuro político y judicial del país.