Nicolás Márquez, abogado y biógrafo del presidente Javier Milei, desató una nueva polémica en la política argentina al acusar públicamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel de haber recibido financiamiento para su ONG, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), de parte de Roberto Guillermo Bravo, un exmarino reclamado por la justicia argentina por su presunta participación en la Masacre de Trelew en 1972.

Según Márquez, la información sobre el financiamiento le fue confirmada tanto por Villarruel como por el propio Bravo, a quien describió como el "mecenas" de la organización. Bravo, que reside en Miami desde 1973, fue hallado culpable en 2023 en un juicio civil en Estados Unidos por el fusilamiento de 16 presos políticos, aunque el gobierno estadounidense ha rechazado su extradición a la Argentina desde 2008.

El escándalo se produce en un contexto de creciente tensión dentro del oficialismo, luego de que Milei calificara a Villarruel de "traidora" y se intensificaran las disputas públicas entre ambos. Márquez, quien fue aliado de Villarruel en el pasado, la describió como "ambiciosa extrema" y la acusó de priorizar su agenda personal por encima de la lealtad al presidente. "Me preocupa su actitud manifiestamente conspirativa contra el presidente", afirmó Márquez en declaraciones recientes.

La controversia amenaza con profundizar la crisis interna en la coalición gobernante, que ya enfrenta fracturas visibles tras desacuerdos en el Senado y diferencias sobre políticas clave. Celtyv, la ONG fundada por Villarruel en 2006, ha sido objeto de debate por su enfoque en promover una "memoria completa" sobre los años 70, incluyendo el juzgamiento de militantes armados.

Hasta el momento, Villarruel no ha respondido públicamente a las acusaciones. El caso reaviva el debate sobre la memoria histórica y la transparencia en el financiamiento de organizaciones vinculadas a figuras políticas, en un momento de alta volatilidad política en la Argentina.