El caso de la desaparición de Loan Danilo Peña, un niño de cinco años, ha alcanzado una etapa crucial en el ámbito judicial. La Justicia Federal de Goya, en la provincia de Corrientes, ha dado por concluida la investigación y ha solicitado la elevación a juicio de los principales acusados. Este caso, que conmocionó a la comunidad local y al país, sigue siendo objeto de atención nacional.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, una zona rural ubicada a ocho kilómetros de la localidad de 9 de Julio, Corrientes. Según la reconstrucción de los hechos, el niño fue sustraído mientras visitaba a su abuela junto a su padre. La Cámara Federal de Apelaciones concluyó que los imputados actuaron en conjunto para llevar a cabo la sustracción del menor, asignando roles específicos a cada uno.

Entre los procesados se encuentran Laudelina Peña, Bernardino Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el excomisario Walter Adrián Maciel. Según la investigación, los acusados habrían planeado sustraer a un menor durante un almuerzo en honor a San Antonio, aprovechando la vulnerabilidad del entorno rural. El niño fue apartado del grupo y trasladado en un vehículo, cuyo análisis reveló rastros odoríferos de Loan.

La etapa preliminar concluyó con la solicitud formal de elevación a juicio oral. Las defensas tienen un plazo de seis días para responder antes de que el Tribunal determine los próximos pasos del proceso. Se estima que el juicio podría comenzar hacia finales de 2025 o principios de 2026, dependiendo de los recursos y nulidades que puedan presentar los defensores.

El caso también incluye una causa paralela contra diez personas acusadas de desviar la investigación. Entre las pruebas clave se encuentran datos de antenas de celulares, fotografías y análisis de ADN. Los fiscales han solicitado redoblar los esfuerzos para encontrar al niño, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

La desaparición de Loan ha generado una fuerte reacción social y mediática. Los familiares del niño han exigido justicia y mayor celeridad en el proceso judicial, mientras que organizaciones de derechos humanos han señalado el caso como un ejemplo de fallas sistémicas en la protección de menores. Por su parte, los defensores de los acusados han planteado recursos y nulidades, lo que podría retrasar el inicio del juicio.

La sociedad espera que el juicio arroje luz sobre los hechos y responsabilidades, y que se intensifiquen los esfuerzos para encontrar al niño. Este caso, que ha revelado irregularidades en la actuación de algunos funcionarios, sigue siendo un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de protección y justicia en el país.