El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, enfrenta una grave denuncia penal por abuso sexual con acceso carnal y amenazas, presentada por una empleada del Concejo Deliberante local. Los hechos, según la denunciante, ocurrieron entre julio y septiembre de 2025 e incluyeron episodios de acoso, agresión sexual y amenazas tanto hacia ella como hacia su familia. La mujer relató que el intendente la citó a su despacho bajo pretextos laborales y, en distintas ocasiones, la sometió a situaciones de violencia física y sexual, además de intimidarla con la posibilidad de perder su empleo o afectar a su pareja, quien trabaja como policía.

La denuncia fue ratificada ante la Justicia a fines de febrero de 2026, lo que llevó al Juzgado de Instrucción N°1 de Puerto Rico, a cargo del juez Leonardo Manuel Balanda Gómez, a dictar una restricción de contacto para el intendente y ordenar allanamientos en dependencias municipales, el domicilio de Peyer y la camioneta oficial. El objetivo de estos procedimientos es recolectar pruebas, como dispositivos electrónicos y registros de videovigilancia, que puedan aportar elementos a la causa.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, intervino públicamente solicitando que Peyer pida licencia y se ponga a disposición de la Justicia para garantizar una investigación "ordenada y transparente". Ante la presión política y social, el intendente anunció que solicitará licencia, aunque calificó la denuncia como "grave y falaz" y expresó su confianza en que la Justicia "fallará a favor de la verdad".

Sin embargo, la crisis institucional se profundizó cuando el Concejo Deliberante de Caraguatay no logró el quórum necesario para tratar la licencia y definir el mecanismo de reemplazo en el Ejecutivo municipal. De los cinco concejales, solo dos se presentaron a la sesión extraordinaria convocada para abordar el tema, por lo que la decisión quedó postergada hasta una nueva reunión prevista para el lunes siguiente.

Actualmente, Peyer mantiene inmunidad legal por su cargo, lo que impide su detención salvo que el Concejo Deliberante apruebe su desafuero. Mientras tanto, la investigación judicial continúa en etapa de instrucción, con medidas de protección para la víctima y su familia. El caso ha generado un fuerte impacto en la política local y provincial, en un contexto de creciente atención a las denuncias de violencia de género en la función pública argentina. El desenlace institucional y judicial dependerá de las próximas decisiones del Concejo Deliberante y de la evolución de la causa en los tribunales.