El caso de Brisa Páez, una joven marinera voluntaria de 21 años, ha sacudido a la opinión pública en Argentina. Durante un entrenamiento antidisturbios realizado el pasado 4 de abril en la base de la Armada en Vicente López, Páez sufrió graves lesiones que la dejaron en coma inducido durante 11 días. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó a seis miembros de la Armada por su participación en los hechos, destacando la violencia institucional y de género ejercida contra la joven.

El entrenamiento, que simulaba una represión de manifestantes, incluyó prácticas violentas en las que Páez fue golpeada por su ex pareja, el cabo segundo Juan Gabriel Escobar. Según el fallo judicial, Escobar le propinó una patada que la hizo caer de espaldas, agravando su estado de salud. Otros instructores también participaron en la agresión, mientras que los superiores intentaron encubrir el incidente, instruyendo a los participantes a mentir sobre las lesiones.

La jueza procesó a Escobar con prisión preventiva por lesiones graves triplemente agravadas, abuso de autoridad y violencia de género. Otros cinco militares fueron procesados por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, aunque sin prisión preventiva. Además, se ordenaron restricciones legales como la prohibición de contacto con la víctima y la retención de pasaportes.

El caso ha puesto en evidencia la falta de preparación y supervisión en los entrenamientos militares. Páez no había recibido capacitación teórica previa y participó en condiciones físicas inadecuadas, tras haber cumplido una guardia nocturna. La Armada justificó el entrenamiento utilizando un reglamento de 1997, pero la jueza lo consideró obsoleto y peligroso.

En su fallo, Arroyo Salgado destacó la necesidad de incorporar perspectiva de género y derechos humanos en los entrenamientos militares. También solicitó al Ministerio de Defensa y al Congreso Nacional que revisen los protocolos de entrenamiento y supervisen su cumplimiento.

Este caso ocurre en un contexto de creciente militarización de tareas de seguridad interna en Argentina, impulsada por el gobierno actual. La jueza vinculó el entrenamiento con políticas recientes que buscan involucrar a las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles, lo que ha generado críticas y preocupación en diversos sectores.

La situación de Brisa Páez ha generado indignación pública y demandas de justicia. Mientras la joven continúa su recuperación en el Hospital Militar, el caso sigue siendo un llamado de atención sobre la necesidad de reformas profundas en las Fuerzas Armadas y en las políticas de seguridad interna del país.