Thiago Florentín, el joven de 22 años detenido tras los incidentes ocurridos durante la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora, fue procesado por el juez federal subrogante Luis Armella bajo los cargos de atentado contra la autoridad e incitación a la violencia colectiva. Sin embargo, el magistrado dispuso que Florentín continúe el proceso en libertad, aunque le impuso un embargo de un millón de pesos y la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia.

El episodio tuvo lugar el pasado 27 de agosto, cuando la comitiva presidencial encabezada por Milei, su hermana Karina y el diputado José Luis Espert fue atacada con piedras y otros objetos, lo que obligó a evacuar a los funcionarios. Según fuentes judiciales, no se logró probar que Florentín haya arrojado la piedra que impactó en la caravana ni que el ataque haya sido planificado, aunque la acusación sostiene que fue visto con una piedra en la mano e incitando a la violencia junto a otros manifestantes.

Durante su declaración, Florentín negó haber participado en actos violentos y afirmó que asistió a la protesta como parte del Movimiento Teresa Rodríguez, organización que luego exigió su liberación. La defensa del joven anunció que apelará el procesamiento, argumentando que no existen pruebas suficientes y que Florentín solo ejercía su derecho a manifestarse.

El incidente generó una fuerte reacción política. El Gobierno, a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el vocero presidencial Manuel Adorni, responsabilizó al kirchnerismo y a la oposición por el ataque, calificándolo como un acto de violencia política. Por su parte, agrupaciones sociales y de derechos humanos denunciaron una detención arbitraria y reclamaron la libertad de Florentín.

La Justicia continúa investigando el caso, revisando cámaras de seguridad y otros registros para determinar si hubo más personas involucradas. El hecho se produce en un contexto de alta tensión política, en la antesala de las elecciones legislativas bonaerenses, y pone en debate los límites entre la protesta social y la seguridad de los funcionarios públicos.