El debate sobre la actividad de los cuidacoches en Rosario se intensifica de cara a 2026, con al menos siete proyectos en el Concejo Municipal que buscan desde la regulación hasta la prohibición de la práctica. La problemática, que persiste desde hace décadas, enfrenta posturas contrapuestas: mientras algunos concejales proponen endurecer sanciones y erradicar la actividad, otros impulsan la creación de registros y programas de inclusión social para quienes ejercen el oficio.

En lo que va de 2025, las intervenciones conjuntas entre el municipio y la Policía de Santa Fe resultaron en la detención de 202 cuidacoches, casi el doble que en 2024. Los operativos se concentran en eventos masivos y zonas de alta circulación, con controles diarios y verificación de antecedentes penales. Según el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera, estas acciones responden a una demanda ciudadana creciente y buscan prevenir situaciones de extorsión y mejorar la convivencia en el espacio público.

Entre las propuestas en discusión, algunas apuntan a la prohibición total de la actividad, con penas agravadas en casos de amenazas o extorsión. Otras iniciativas, como la de la concejala Fernanda Gigliani, plantean la creación de un padrón de inclusión sociolaboral y la capacitación obligatoria en convivencia ciudadana. Gigliani advierte que la sola prohibición no ha dado resultados y puede fortalecer a las mafias, por lo que defiende un abordaje integral que distinga entre situaciones delictivas y problemáticas sociales.

El Concejo aprobó la creación de una mesa de trabajo que reunirá a representantes municipales, provinciales y judiciales para consensuar políticas diferenciadas según los casos y territorios. La expectativa es que la mesa comience a funcionar en marzo y logre acuerdos concretos para enfrentar una problemática compleja y de larga data.

Vecinales y sectores ciudadanos reclaman soluciones ante episodios de inseguridad vinculados a los cuidacoches, mientras que desde el municipio se refuerzan los controles y se promueve la articulación con fuerzas de seguridad. El debate, atravesado por la crisis social y la demanda de mayor seguridad, promete marcar la agenda política local en los próximos años.