La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves un recurso presentado por la defensa de dos directivos del Grupo Macri, quienes pretendían apartar a dos jueces de la Cámara Federal porteña en el marco de la causa penal conocida como “Correo Argentino”. El expediente investiga presuntas irregularidades en un acuerdo de pago de deudas entre el Estado Nacional y la empresa controlada por la familia del ex presidente Mauricio Macri.

Los directivos Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y su representante legal, Jaime Kleidermacher, habían solicitado la recusación de los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, argumentando un "temor de parcialidad" debido a una supuesta enemistad manifiesta de los magistrados hacia Mauricio Macri. Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Cámara de Casación Penal rechazaron el planteo, y la Corte Suprema desestimó el recurso de queja por no dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable.

La causa, que tramita desde 2017 en el juzgado federal de Ariel Lijo, también involucra al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa. Los cuatro están imputados por un acuerdo celebrado en 2016 entre el gobierno de Macri y Correo Argentino S.A., que preveía una condonación que, según la fiscal Gabriela Boquin, licuaba el 98,87% de la deuda de la empresa con el Estado. La fiscalía calificó el acuerdo como "ruinoso" y "abusivo", logrando frenar su ejecución.

El fallo de la Corte Suprema, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, también impone un depósito económico a los recurrentes bajo apercibimiento de ejecución. De este modo, la investigación judicial continúa y mantiene bajo escrutinio a los directivos de Correo Argentino y, por extensión, al Grupo Macri.

El caso ha estado rodeado de acusaciones cruzadas de contenido político y presiones sobre el Poder Judicial. Mientras la defensa sostiene que existe una persecución política, la fiscalía y los tribunales consideran que no hay pruebas objetivas de parcialidad. El fallo representa un nuevo revés judicial para el Grupo Macri y reactiva la causa, que sigue en etapa de instrucción.