El Senado de Mendoza aprobó este martes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación minera del proyecto San Jorge, en una sesión marcada por la tensión política y la masiva movilización social. Con 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, la iniciativa impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo y respaldada por el gobierno nacional obtuvo luz verde, pese a la fuerte resistencia de sectores ambientalistas y parte de la oposición.

La aprobación contó con el apoyo clave de cinco senadores peronistas, lo que generó divisiones dentro del bloque opositor. Entre los votos positivos se destacaron los de Mauricio Sat, Pedro Serra, Adriana Cano, Alejandra Barro y Mercedes Derrache, quienes argumentaron haber recibido documentación adicional que despejó sus dudas sobre el impacto ambiental del proyecto. Sin embargo, otros legisladores del peronismo y del kirchnerismo mantuvieron su rechazo, señalando que la DIA es incompleta y que el proyecto carece de estudios de factibilidad sólidos.

Durante la sesión, miles de personas se congregaron en las inmediaciones de la Legislatura y en la Plaza Independencia para manifestar su repudio a la iniciativa. Las protestas, organizadas por asambleas ambientales, organizaciones sociales y referentes políticos, denunciaron los riesgos para el agua y el ambiente, y cuestionaron la falta de licencia social para la minería en la provincia. "El agua de Mendoza no se negocia", fue una de las consignas más repetidas por los manifestantes.

El oficialismo defendió la aprobación del proyecto, destacando la transparencia del proceso legislativo y la importancia de diversificar la matriz productiva de Mendoza. La vicegobernadora Hebe Casado celebró la decisión como un paso hacia el desarrollo económico y la generación de empleo, mientras que otros legisladores oficialistas subrayaron el cumplimiento de las leyes ambientales vigentes.

El proyecto San Jorge, ubicado cerca de Uspallata, es el primer desarrollo de cobre a mediana escala en la provincia y uno de los más relevantes del país. Su tratamiento había sido postergado durante años debido a la falta de consenso político y social. La sesión también incluyó la aprobación de otros tres proyectos mineros, lo que refuerza la apuesta del gobierno provincial por el sector extractivo.

El debate sobre la minería y el ambiente sigue abierto en Mendoza, donde la resistencia social ha sido históricamente fuerte. Las organizaciones ambientalistas anunciaron que continuarán movilizándose y exigiendo mayores controles y transparencia en la gestión de los recursos naturales. El futuro del proyecto San Jorge y de la política minera provincial dependerá, en gran medida, de la capacidad de las autoridades para garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales y responder a las demandas de la sociedad.