El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei recibió un amplio respaldo social y sindical, según una encuesta de la consultora Zentrix. El 71,9% de los consultados manifestó su apoyo a la medida de fuerza, que paralizó gran parte del transporte público, la industria y los servicios públicos en todo el país.

El conflicto se desarrolla en un contexto de deterioro del mercado laboral, caída del consumo y debilitamiento industrial, factores que han incrementado la sensibilidad social frente a los cambios propuestos en la normativa laboral. El respaldo a la reforma laboral, que en noviembre de 2025 alcanzaba el 55%, descendió al 48,6% en febrero de 2026, mientras que el rechazo creció al 45,2%, evidenciando una creciente polarización en la opinión pública.

Durante la jornada de paro, el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, destacó que el nivel de acatamiento superó el 90% y subrayó que la huelga reflejó el respaldo a las medidas sindicales en defensa de los derechos laborales. Por su parte, Cristian Jerónimo, también dirigente de la central obrera, criticó duramente a los gobernadores peronistas que apoyaron la reforma, calificando su accionar como una "traición" a los trabajadores. Jerónimo anticipó que, de avanzar la ley en el Senado, la CGT recurrirá a la vía judicial y negó cualquier tipo de negociación con el Gobierno.

Los gremios más duros, agrupados en el Frente Sindical Unidad, propusieron escalar el conflicto con un paro de 36 horas y movilizaciones, mientras que la CGT evalúa nuevas medidas y acciones legales. El sindicalismo, ante la falta de diálogo con el Gobierno y la escasa influencia en el Congreso, comienza a mirar hacia el armado de una alternativa política para las elecciones de 2027.

El debate sobre la reforma laboral se da en un escenario de fragilidad económica, con pymes afectadas y un mercado de trabajo en retroceso. El desenlace de la discusión en Diputados y las eventuales acciones judiciales definirán el rumbo de la agenda laboral en los próximos meses.