El Gobierno nacional ultima detalles para enviar al Congreso un proyecto de ley que busca incentivar la formalización de los dólares ahorrados fuera del sistema financiero, conocidos popularmente como "dólares bajo el colchón". La iniciativa, que modifica la Ley de Procedimiento Tributario y la Ley Penal Tributaria, propone un fuerte aumento en las multas automáticas por incumplimientos fiscales y eleva los umbrales a partir de los cuales se considera la evasión como delito.

Según el texto preliminar, la multa automática por no presentar la declaración jurada pasaría de $200 a $220.000 para personas humanas y de $400 a $440.000 para empresas. En el caso de omisión de declaraciones informativas, las sanciones podrían llegar hasta $5 millones para individuos y $10 millones para compañías. Además, el umbral para considerar la evasión simple se elevaría de $1,5 millones a $100 millones, y para la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones.

El proyecto también contempla la reducción del plazo de prescripción de delitos tributarios y establece causales específicas para no formular denuncia penal, como diferencias de criterio técnico o la presentación espontánea de declaraciones antes de una fiscalización. El Gobierno espera que estas medidas generen confianza y promuevan el ingreso de hasta USD 16.000 millones al sistema financiero formal.

Sin embargo, los resultados iniciales no han sido los esperados. Desde el anuncio del plan, los depósitos en dólares han caído USD 334 millones, reflejando la cautela de los ahorristas y la falta de definiciones operativas. Economistas y funcionarios coinciden en que la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica serán claves para el éxito de la iniciativa.

El respaldo de los gobernadores es considerado fundamental, ya que la medida podría dinamizar las economías provinciales y aumentar la recaudación. No obstante, algunos mandatarios y especialistas piden ajustes adicionales, como la actualización automática de los montos por inflación y evitar sanciones desproporcionadas en un contexto de alta volatilidad económica.

El proyecto se enmarca en el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos y busca consolidar los cambios normativos implementados por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa será debatida en el Congreso en las próximas semanas, en un contexto de fragmentación política y escepticismo social, marcado por antecedentes de crisis financieras y desconfianza en el sistema bancario. El desenlace de la discusión legislativa será clave para determinar el impacto real de la medida en la economía argentina.