Siete adultos mayores fueron rescatados de un geriátrico en Isidro Casanova, partido de La Matanza, tras comprobarse que vivían en condiciones inhumanas y atados a sus camas. El operativo se inició luego de que uno de los residentes, un hombre de 78 años, lograra escapar del establecimiento y denunciar ante la policía los maltratos, el abandono y la falta de alimentación que sufrían él y sus compañeras.

La denuncia movilizó a agentes policiales y personal de salud, quienes constataron la gravedad de la situación. Un comisario médico verificó la presencia de seis mujeres y un hombre en pésimas condiciones de higiene, con colchones y baños en estado deplorable, y algunos de ellos atados a las camas. El testimonio del denunciante, sumado a la inspección, llevó a la fiscal Andrea Palín a ordenar un allanamiento de urgencia, con el aval del juez de garantías Fernando Pinos Guevara.

Durante el procedimiento, se detectaron síntomas de desnutrición, rastros de sangre en los colchones y señales de abandono generalizado. Los siete adultos mayores fueron derivados a otros centros asistenciales para recibir atención adecuada. Paralelamente, se notificó a los responsables del geriátrico sobre la apertura de una causa penal, inicialmente caratulada como averiguación de ilícito, y se investiga si el establecimiento contaba con la habilitación correspondiente.

Testimonios de extrabajadores y familiares, difundidos en redes sociales, describieron un cuadro de malos tratos, alimentación deficiente y manipulación de la situación durante las visitas familiares. Las autoridades municipales y provinciales fueron notificadas para evaluar la clausura definitiva del geriátrico y aplicar eventuales sanciones administrativas.

El caso, que no registraba denuncias formales previas pero sí numerosas reseñas negativas en plataformas públicas, reabre el debate sobre la supervisión y control de instituciones de cuidado de adultos mayores en Argentina. La investigación judicial continúa para determinar las responsabilidades penales y administrativas de los dueños y empleados del establecimiento, mientras se busca garantizar la protección integral de los adultos mayores afectados.